Las primeras patrullas se han realizado en el ámbito del Polígono Industrial de La Pesquera, donde se localiza uno de los puntos negros en lo que a reincidencia de vertidos se refiere. El otro foco que será objeto de vigilancia especial se ubica en las inmediaciones de las pistas de Atletismo.Los agentes identificarán y sancionarán a quienes sean sorprendidos depositando los residuos fuera de los lugares legalmente habilitados para ello.

La normativa establece como infracción grave el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente, ya que en dicho caso se consideraría infracción muy grave y se agravarían las sanciones.

El Ayuntamiento de Laredo emprendió hace un año una campaña de información que incluyó la colocación de carteles de advertencia sobre la prohibición de este tipo de vertidos. Posteriormente se dio paso a la incoación de expedientes que incluyen, junto a la correspondiente multa, la obligatoriedad de restauración ambiental de la zona afectada. Asimismo, el denunciado debe acreditar que ha realizado la correcta gestión de los residuos irregularmente vertidos.

Comportamiento incívico
Según un estudio realizado meses atrás por el equipo de Gobierno, en 2011 se registraba la salida diaria de dos camiones repletos de residuos desde Laredo hasta el vertedero de Meruelo. Ello sumaba casi 4.200 toneladas anuales, de las que sólo el 30% correspondía a residuos cuya retirada está legalmente gestionada. El resto se imputaba a vertidos incontrolados cuya derivación a la planta de gestión de Meruelo ha venido asumiendo subsidiariamente el Ayuntamiento.

Sólo en transporte, trasladar estos residuos suponía el pago de 50.000 euros anuales. A ellos había que sumar el abono del tratamiento por gestor autorizado, en este caso a la empresa MARE, por un importe de 210.000 euros. Una cuantiosa factura que abonan todos los ciudadanos de Laredo con sus impuestos por el comportamiento incívico de personas y empresas que trataban de eludir su responsabilidad con las buenas prácticas medioambientales.

Según FCC, con un control adecuado de las zonas donde aparecen estos vertidos, se estima que esas4.200 toneladas podrían quedarse en 1.000, con un ahorro de casi 200.000 euros al año. Fue entonces cuando se puso en marcha un dispositivo sancionador que ahora se verá reforzado por las patrullas del SEPRONA. Tampoco se descarta que a futuro se instalen cámaras de vigilancia que registren la actuación de los infractores para cursar las correspondientes denuncias.