04 de Agosto de 2026
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EL AYUNTAMIENTO DE LAREDO CONSTATA EL VALOR PEDAGÓGICO DE LAS DENUNCIAS POR BOTELLÓN
28 de Noviembre de 2013
El Ayuntamiento de Laredo ha elaborado un informe sobre los primeros meses de vigencia de la nueva ordenanza municipal de Convivencia Ciudadana, más conocida como ordenanza antibotellón. Las conclusiones destacan el considerable valor pedagógico de haber llevado a cabo las correspondientes denuncias y haber culminado su tramitación hasta el final. En total se han tramitado 6 expedientes con un total de 28 denunciados, la mayoría de los cuales han procedido ya al abono de las sanciones impuestas.
El informe subraya que las primeras denuncias datan del mes de mayo, en que se produjo el expediente que afectaba a un mayor número de infractores, con un total de 15 jóvenes denunciados. La última se remonta a primeros de agosto, fecha tras la cual no se han recibido más informes policiales por conductas vulneradoras de la ordenanza.
Los servicios municipales también constatan que la proporción de alegaciones recibidas han sido muy elevadas en proporción con expedientes sancionadores en otras materias. Incluso en el caso en el que no se han recibido alegaciones, la cantidad de interesados directos (infractores) o indirectos (sus padres o tutores) que se han personado en las dependencias municipales o han realizado consultas telefónicas o por correo electrónico sobre los expedientes ha sido también muy alta en comparación con lo habitual.
Además, el número de sanciones abonadas voluntariamente, antes de su pase a vía ejecutiva, ha resultado importante. Incluso se han formulado declaraciones de arrepentimiento y promesas de que “esto no volverá a ocurrir”, hecho destacado por quienes instruyen este tipo de expedientes por ser “harto infrecuente” este tipo de manifestaciones. También ha habido progenitores que han garantizado que detraerán la cuantía de las sanciones de la asignación semanal o propina de los propios infractores.
Ante este escenario el informe destaca que no se puede poner en duda que la repercusión social que se ha obtenido actuando como se ha hecho ha generado en buena medida el efecto que se perseguía: atajar ciertas conductas incívicas.En ese sentido, el concejal de Organización, Ramón Arenas, ha expresado su satisfacción “porque estos datos corroboran la eficacia de una herramienta que está contribuyendo a mejorar lacalidad de vida de los vecinos al tiempo que erradica unas prácticas que alteraban la convivencia”. No obstante, Arenas se ha mostrado partidariode “no bajar la guardia” y mantenerse “vigilantes” para que este tipo de conductas no resurjan.
Modificación de sanciones
El informe también ha servido para constatar la necesidad de incorporar una modificación en la ordenanza a la hora de recalificar como “leve” una conducta que en el texto legal se recoge como “grave”.A este respecto, se indica que en los casos vistos hasta el momento, se ha tomado como criterio en cuanto a la gradación de las infracciones el baremo que se determina para las infracciones leves, para las que se señala un máximo de 750 euros de sanción, atendiendo a aspectos talescomo la posible concurrencia de daños al dominio público, la existencia de conducta de desacato o menosprecio a los agentes de la Policía Local, etcétera.
Lo que se ha buscado en todo momento ha sido atribuir a las sanciones un carácter de apercibimiento, motivo por el cual la sanción estándar ha tenido una cuantía de 50,00 euros, salvo en algunos casos en que criterios razonados de agravamiento han aconsejado su incremento hasta los 100 euros.
Los servicios municipales también constatan que la proporción de alegaciones recibidas han sido muy elevadas en proporción con expedientes sancionadores en otras materias. Incluso en el caso en el que no se han recibido alegaciones, la cantidad de interesados directos (infractores) o indirectos (sus padres o tutores) que se han personado en las dependencias municipales o han realizado consultas telefónicas o por correo electrónico sobre los expedientes ha sido también muy alta en comparación con lo habitual.
Además, el número de sanciones abonadas voluntariamente, antes de su pase a vía ejecutiva, ha resultado importante. Incluso se han formulado declaraciones de arrepentimiento y promesas de que “esto no volverá a ocurrir”, hecho destacado por quienes instruyen este tipo de expedientes por ser “harto infrecuente” este tipo de manifestaciones. También ha habido progenitores que han garantizado que detraerán la cuantía de las sanciones de la asignación semanal o propina de los propios infractores.
Ante este escenario el informe destaca que no se puede poner en duda que la repercusión social que se ha obtenido actuando como se ha hecho ha generado en buena medida el efecto que se perseguía: atajar ciertas conductas incívicas.En ese sentido, el concejal de Organización, Ramón Arenas, ha expresado su satisfacción “porque estos datos corroboran la eficacia de una herramienta que está contribuyendo a mejorar lacalidad de vida de los vecinos al tiempo que erradica unas prácticas que alteraban la convivencia”. No obstante, Arenas se ha mostrado partidariode “no bajar la guardia” y mantenerse “vigilantes” para que este tipo de conductas no resurjan.
Modificación de sanciones
El informe también ha servido para constatar la necesidad de incorporar una modificación en la ordenanza a la hora de recalificar como “leve” una conducta que en el texto legal se recoge como “grave”.A este respecto, se indica que en los casos vistos hasta el momento, se ha tomado como criterio en cuanto a la gradación de las infracciones el baremo que se determina para las infracciones leves, para las que se señala un máximo de 750 euros de sanción, atendiendo a aspectos talescomo la posible concurrencia de daños al dominio público, la existencia de conducta de desacato o menosprecio a los agentes de la Policía Local, etcétera.
Lo que se ha buscado en todo momento ha sido atribuir a las sanciones un carácter de apercibimiento, motivo por el cual la sanción estándar ha tenido una cuantía de 50,00 euros, salvo en algunos casos en que criterios razonados de agravamiento han aconsejado su incremento hasta los 100 euros.
