El Ayuntamiento de Laredo, a través del alcalde Miguel González, ha solicitado formalmente al delegado del Gobierno de España en Cantabria, Pedro Casares, una compensación económica para el municipio por el gasto de 200.000 euros anuales que supone para el Consistorio la custodia de detenidos en los calabozos de la Policía Local. En concreto, González ha propuesta que dicha compensación se materialice mediante inversión directa en la Puebla Vieja, una de las zonas de la villa que actualmente requiere “una intervención prioritaria y urgente”.

Desde hace más de dos décadas, y ante la ausencia de calabozos habilitados en la comarca, el Ayuntamiento asume la custodia de detenidos procedentes de las comandancias de Laredo, Ramales de la Victoria y Ampuero, y desde hace tres años, también de Castro Urdiales y otras comisarías de policía de la zona oriental. El alcalde ha señalado que este esfuerzo económico “limita la capacidad del Ayuntamiento para impulsar otras actuaciones prioritarias en beneficio de la ciudadanía”.

Por este motivo, y después de haber planteado en múltiples ocasiones este asunto a Casares por distintos canales sin obtener respuesta, el mandatario laredano ha decidido expresar su preocupación mediante una carta oficial, solicitando que se adopten las medidas necesarias. “No podemos seguir asumiendo este gasto sin recibir nada a cambio. Es injusto que no se nos respalde de ninguna manera, cuando llevamos décadas garantizando esta atención tan necesaria”, ha señalado.


Por otro lado, González ha recordado que en varias ocasiones ha solicitado una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, para abordar la rehabilitación de la Puebla Vieja con la implicación del Gobierno de España, encuentro que aún no se ha celebrado. Cabe destacar que, en febrero de 2024, durante una cita con el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, la ministra se comprometió a estudiar el caso y valorar una posible actuación del Ejecutivo nacional para impulsar un plan integral de rehabilitación.

El alcalde exige que se tome acción inmediata
En este sentido, y “ante la inacción tanto de la Delegación del Gobierno como del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana”, el alcalde se ha visto en la obligación de tomar acción. "Mi responsabilidad como alcalde es velar por los intereses de mis vecinos, y es desde ese compromiso desde el que planteo esta cuestión, confiando en que podamos encontrar una solución conjunta desde el diálogo y la colaboración institucional. Casares no se puede limitar a venir de visita, sino que es necesario atender, comprometerse e interesarse por las verdaderas necesidades de los vecinos", ha explicado.

El regidor pejino ha concluido mostrando su total disposición para mantener un encuentro con Casares en la Alcaldía de Laredo, así como con la ministra en Madrid, con el objetivo de “alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los laredanos”. No obstante, González ha advertido que, “si en un plazo de dos meses no se recibe una respuesta concreta ni se adopta una solución que respalde la carga económica del municipio, el Ayuntamiento se verá obligado a cerrar los calabozos de Laredo para el uso de otras localidades.