El Ayuntamiento de Laredo ha aprobado este jueves en Pleno extraordinario el gasto plurianual necesario para ejecutar el auto judicial relativo al edificio Tenis, dando así un paso clave para materializar la solución a este conflicto. La propuesta ha salido adelante con 9 votos a favor (PP, Ola Cantabria, PRC, IU/Podemos y Alejandro Abad), 5 en contra (PSOE y Unidos x Laredo) y 3 abstenciones (Hacemos Laredo).

El alcalde, Miguel González, ha mostrado su satisfacción tras esta aprobación, ya que supone “un avance necesario para intentar cerrar definitivamente un capítulo negro de la historia de Lared iniciado a comienzos de los años noventa y que el municipio lleva arrastrando durante casi tres décadas”.

González ha subrayado que este acuerdo supondrá un “importante ahorro económico para las arcas municipales” frente a otros escenarios que en su día se plantearon. “De no haber salido adelante esta solución, el gasto que el Ayuntamiento tendría que afrontar podría haber sido mucho mayor. No podíamos dejar pasar esta oportunidad de encauzar el problema mediante una solución pactada, viable y mucho más favorable para los intereses de todos los laredanos”, ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha reiterado y puesto en valor la buena disposición y voluntad de acuerdo tanto de los propietarios como, especialmente, de la parte demandante, que ha mostrado “una actitud de diálogo y escucha que ha sido imprescindible para alcanzar una solución pactada para zanjar de una vez por todas un conflicto que se ha prolongado en exceso en el tiempo”.

Ejecución del auto judicial

El auto judicial contempla una solución que evita el derribo inicialmente planteado sobre numerosas viviendas, limitando finalmente la actuación a parte de los áticos y terrazas. Para ello, la comunidad de propietarios deberá adquirir una parcela colindante que permitirá incrementar la ocupación urbanística del inmueble y facilitar así su regularización posterior.

El acuerdo fija además un calendario de ejecución de aproximadamente año y medio y establece que el Ayuntamiento asumirá los costes derivados del nuevo proyecto, la adquisición de la finca y las obras necesarias, con un límite máximo de 4,5 millones de euros, además de las indemnizaciones pactadas con los propietarios afectados, que ascienden a un total de 650.000 euros por daño moral y pérdida de superficie.