07 de Agosto de 2026
17:19 hs
17:19 hs
NOTICIAS
Una media de dos camiones llegan a diario al vertedero de Meruelo procedentes de Laredo. 516 viajes al año con casi 4.200 toneladas, de las que sólo el 30% corresponderían a residuos cuya retirada está legalmente gestionada. El resto procede de vertidos incontrolados cuya derivación a la planta de gestión de Meruelo ha venido asumiendo subsidiariamente el Ayuntamiento. Con el quebranto económico que ello supone para las arcas municipales.
La liebre la levantaron semanas atrás entre el concejal de Hacienda, Benito Ortiz, y el de Organización, Ramón Arenas. La obsesión del equipo de Gobierno de Ángel Vega por el ahorro les ha llevado a repasar sistemáticamente cada una de las partidas y conceptos de gastos. En esta dinámica, los casi 600.000 euros abonados durante el ejercicio 2011 en concepto de tasas de gestión final de residuos urbanos llamaron poderosamente su atención. Una consulta a la empresa FCC, encargada en Laredo de estas tareas, confirmó sus sospechas. Según las estimaciones de esta empresa, y en base a la población de Laredo, aún contemplando el incremento que se produce en el periodo estival, ese volumen de residuos derivado desde la villa pejina está disparado. Ahora toca pasar a la acción.
Sólo en transporte, trasladar estos residuos supone el pago de 50.000 euros anuales. A ellos hay que sumar el abono del tratamiento por gestor autorizado, en este caso a la empresa MARE, por un importe de 210.000 euros. Según FCC, con un control adecuado de las zonas donde aparecen estos vertidos, se estima que las 4.200 toneladas actuales podrían quedarse en 1.000, con un ahorro de casi 200.000 euros al año.
Sanciones cuantiosas
El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de prevención, control, seguimiento y sanción de cuantos vertidos se realicen de manera incontrolada, y, por tanto, ilegal, en el término municipal. Actualmente son dos los puntos negros detectados. Uno junto al Polígono Industrial de La Pesquera y otro cercano a las pistas de Atletismo. Ya se han encargado los carteles que advertirán de las importantes sanciones a las que se enfrentará todo aquel que vulnere la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. En concreto, se enfrentarán a multas que van desde los 901 euros hasta los 45.000 euros, que podrían elevarse hasta los 300.000 euros de tratarse de residuos peligrosos.
La normativa establece como infracción grave el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
La campaña informativa dará paso a la incoación de expedientes que incluirán, junto a la correspondiente multa, la obligatoriedad de restauración ambiental de la zona afectada. Asimismo, el denunciado deberá acreditar que ha realizado la correcta gestión de los residuos irregularmente vertidos. De cara a mejorar la eficacia del control, el Ayuntamiento se plantea incluso la colocación de cámaras de seguridad en aquellas zonas más expuestas a este tipo de prácticas ilegales. Unos comportamientos que, según fuentes municipales, en la actualidad generan incluso un “efecto llamada” de infractores residentes en otros municipios cercanos, que al tiempo que se deshacen de su carga, incrementan notablemente la factura a abonar por el Ayuntamiento pejino.
Sólo en transporte, trasladar estos residuos supone el pago de 50.000 euros anuales. A ellos hay que sumar el abono del tratamiento por gestor autorizado, en este caso a la empresa MARE, por un importe de 210.000 euros. Según FCC, con un control adecuado de las zonas donde aparecen estos vertidos, se estima que las 4.200 toneladas actuales podrían quedarse en 1.000, con un ahorro de casi 200.000 euros al año.
Sanciones cuantiosas
El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de prevención, control, seguimiento y sanción de cuantos vertidos se realicen de manera incontrolada, y, por tanto, ilegal, en el término municipal. Actualmente son dos los puntos negros detectados. Uno junto al Polígono Industrial de La Pesquera y otro cercano a las pistas de Atletismo. Ya se han encargado los carteles que advertirán de las importantes sanciones a las que se enfrentará todo aquel que vulnere la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados. En concreto, se enfrentarán a multas que van desde los 901 euros hasta los 45.000 euros, que podrían elevarse hasta los 300.000 euros de tratarse de residuos peligrosos.
La normativa establece como infracción grave el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
La campaña informativa dará paso a la incoación de expedientes que incluirán, junto a la correspondiente multa, la obligatoriedad de restauración ambiental de la zona afectada. Asimismo, el denunciado deberá acreditar que ha realizado la correcta gestión de los residuos irregularmente vertidos. De cara a mejorar la eficacia del control, el Ayuntamiento se plantea incluso la colocación de cámaras de seguridad en aquellas zonas más expuestas a este tipo de prácticas ilegales. Unos comportamientos que, según fuentes municipales, en la actualidad generan incluso un “efecto llamada” de infractores residentes en otros municipios cercanos, que al tiempo que se deshacen de su carga, incrementan notablemente la factura a abonar por el Ayuntamiento pejino.






