En paralelo, el alcalde pejino recabará el respaldo de Noja, Marina de Cudeyo y Camargo, los otros tres municipios que, junto a Laredo, se vieron afectados durante el año 2011 por los deslindes trazados desde el Ministerio de Medio Ambiente, y que en muchos casos aún no han visto resueltas sus alegaciones. El “frente común” se completaría, además, con la participación de la “Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas” y del colectivo “Acalco” de afectados en Cantabria por dicha normativa.

Durante la reunión mantenida en Santander, la letrada jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Laredo, Mari Paz Villalobos, volvió a insistir en que “actualmente existe amplia jurisprudencia para que se resuelvan favorablemente la mayoría de las alegaciones a la Ley de Costas, sin necesidad de esperar a su modificación”. En este sentido, se refirió a las sentencias del Tribunal Supremo que establecen la exclusión de los terrenos del dominio público deslindados al amparo del artículo 4.5 de la Ley de Costas, "cuando la transformación sea irreversible". Un argumento que vale tanto en el caso de las concesiones como, aún más claro, en el caso de las propiedades privadas afectadas por dicha ley.

Abordar los deslindes
La estrategia pasaría por tratar de resolver los deslindes, aprovechando la “multitud de contradicciones” que, según afirman, contienen los distintos expedientes. “Donde en unos sitios se usan unos argumentos para defender la inclusión de unos terrenos, en otros se usan los mismos argumentos para justificar su exclusión”. Para frenar esa “flagrante arbitrariedad” la fórmula que reiteran de manera machacona desde el Ayuntamiento de Laredo es establecer para la resolución de los deslindes criterios interpretativos acordes a la Constitución. Garantizando así el respeto a los principios de irretroactividad, interdicción de la arbitrariedad, igualdad en la legalidad y seguridad jurídica.

Desde la patronal cántabra, su presidenta informó a sus interlocutores que llevan meses integrados en un grupo de trabajo en el seno de la CEOE a nivel nacional que trabaja específicamente sobre las afecciones de la Ley de Costas. En este sentido, desglosó los encuentros mantenidos recientemente con distintos estamentos de la región, y avanzó la reunión prevista para el mes de mayo con el Secretario de Estado para abordar monográficamente los problemas derivados de una Ley que está en el ojo del huracán en todo el litoral español.

Tanto la CEOE como el Ayuntamiento coincidieron en la importancia de actuar, y de hacerlo sin perder tiempo. Sobre todo a la vista de cómo en las últimas fechas ha habido quienes han visto desestimadas sus alegaciones, en una actuación administrativa absolutamente incompatible con la moción aprobada por el Senado el pasado 22 de febrero. En dicho acuerdo, adoptado a instancias del PP, con el respaldo de varios grupos de la Cámara Alta, se instaba a "paralizar las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, hasta que se pueda modificar dicha ley, cancelando todos los actos administrativos y que se allanen en los procedimientos en curso, al objeto de conciliar más adecuadamente la defensa de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo terrestre con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta Ley".